Manifiesto de dignidad

Introducción

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece claramente la máxima de nuestro sistema democrático de vida – que la dignidad del ser humano es inviolable. Dignidad que reconoce la igualdad ante la ley de todos los seres humanos. Dignidad que debe garantizar el acceso a la justicia social, ambiental, legal y económica. Dignidad que rechaza el discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas; que debe incluir también el origen étnico, edad, la orientación sexual y la identidad de género. Dignidad que tiene que salvaguardarse por el Estado.

La realidad de muchas comunidades en Puerto Rico se aleja de estos conceptos básicos de la dignidad y la libertad humana. Muchas comunidades son excluídas de los procesos gubernamentales, económicos, ambientales, legales y sociales al ser discriminadas por instancias que expresamente la Constitución prohíbe. Este discrimen atenta contra los valores de la sociedad puertorriqueña que son la equidad, la participación ciudadana, la responsabilidad común, la solidaridad compartida, el respeto a la diversidad y a la dignidad, el amor, el acceso a la justicia, la garantía de la libertad.

¿Quiénes somos?

Somos parte de un movimiento de ciudadan@s de este país que en diversas formas hemos tenido que enfrentar, sin el apoyo gubernamental, el discrimen, elitismo y clasismo, aquél que inclusive es capaz de expropiar a los grupos más vulnerables como los de menos recursos económicos, incluyendo a ancianos, para crear nuevos espacios para los más pudientes. Ciudadan@s que le hemos hecho frente al desarrollo desenfrenado que menosprecia la importancia de la conservación de los recursos naturales. Ciudadan@s que hemos proclamado con orgullo nuestra identidad a pesar de haber vivido acosados y perseguidos por los prejuicios en contra de nuestras diferencias o particularidades.

Ampliamos la definición de comunidad para romper con el discrimen y así incluir a muchas personas que por algunos rasgos inmutables de nuestra identidad conformamos comunidades sociales. Entiéndase las comunidades de ancianos, inmigrantes, dominicanos, madres solteras, padres solteros, afroantillanos, familias no tradicionales, comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero, jóvenes, personas con impedimentos, trabajadores, personas que viven con vih/sida, entre muchas otras.

Somos ciudadan@s que conformamos comunidades geográficas y sociales que buscamos que el desarrollo en función del bienestar social y económico de Puerto Rico se convierta en la norma y no la excepción en nuestro país, hecho que inevitablemente incluye la consideración a la preservación de nuestros recursos naturales.

La herramienta indispensable para que esto ocurra es la participación ciudadana directa. De eso es que queremos hablar; y participación ciudadana directa no quiere decir que la gente tenga derecho a opinar o a protestar, sino que tenga derecho a decidir; y no a decidir cada 4 años quienes se repartirán el país, sino a decidir en el diario vivir cómo desarrollar nuestro país, y decidir teniendo en cuenta los intereses de la comunidad, no del partido político de turno.

¿Qué nos motiva?

Creemos que es el momento de l@s ciudadan@s para retomar el poder que delegamos en nuestros gobiernos de velar por la justicia social y el desarrollo responsable y sensible a las necesidades de tod@s l@s ciudadan@s por igual. Ese rol incumplido se manifiesta por medio de las acciones del gobierno tan recientes como las expropiaciones forzosas que constituyen una manifestación sistemática de violencia institucional deliberadamente estructurada por parte del Estado en contra de sus ciudadan@s; y se manifiesta, además, en el trato discriminatorio a comunidades sociales. Esto elimina para la mayoría de l@s ciudadan@s la oportunidad de mejorar su calidad de vida y los excluye social y económicamente.

Educaremosa l@s ciudadan@s a luchar por la cultura – folklore, tradiciones, historia comunal, artes – y se apoderen de los espacios culturales – los sitios donde se expresan los valores y la identidad. Por ejemplo, Casa Pueblo luchó por evitar la mutilación de la plaza de recreo de Adjuntas. Otro grupo comunal en el área de Dorado y Toa Alta evitó que una urbanización borrara de la memoria lo que puede ser la primera finca establecida por los españoles en Puerto Rico. El grupo de Santurce defiende la compleja red de calles y casas que presenta la evolución de una comunidad de trabajadores, que quieren ser borrados del mapa por proyectos de vivienda para elites. Es importante, además, hacer valer la prohibición del discrimen por orientación sexual e identidad de género desde los cimientos de nuestro folklore, tradiciones, artes e historia que encarnan el mismo heterosexismo que usan las élites para oprimir y dividir a un pueblo.

Promoveremos que se atienda y respete, además de vivienda, salud y seguridad, la identidad, historia y costumbres de las comunidades. Todo nuestro entorno está lleno de historia, está formado del cuajado de cultura de años. Tenemos que aportar respetando las aportaciones valiosas de nuestros ancestros. Hemos recibido en préstamo nuestro mundo y nuestros ambientes, nuestras comunidades y nuestros vecindarios; no tenemos derecho de borrarles la memoria o a atropellarlos.

Movilizaremosa nuestras comunidades, una a una, y a tod@s l@s ciudadan@s en una unión de acción ciudadana autónoma para lograr el desarrollo humano sustentable, para erradicar el discrimen y para defender su dignidad. Hemos comprobado que el gobierno se ha confabulado con los grandes intereses económicos y no ha logrado detener la contínua destrucción de nuestros recursos, comunidades y patrimonio. Las reuniones interminables para formular propuestas y soluciones, las visitas a vistas públicas, a las dependencias y foros gubernamentales para buscar justicia y acción en asuntos que tocan nuestra vida y nuestros derechos fundamentales no ha conducido a nada. Consolidaremos nuestros esfuerzos y nos tiraremos a la calle hasta lograr que el gobierno desista de los atropellos contínuos a la sociedad civil.

Las instituciones tienen que crear proyectos educativos que promuevan el respeto a la diversidad, rechazando el discrimen y fomentando la inclusión; al igual que logra la representación de los verdaderos valores de nuestra gente. Sólo así se contribuye al óptimo desarrollo humano.

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